El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que alcanzó un acuerdo preliminar con El Salvador que desbloquearía cerca de 140 millones de dólares en nuevos fondos como parte del programa de reformas de austeridad del país.
La decisión se produjo después de que el gobierno demostrara ante el organismo con sede en Washington de que sus continuas compras de bitcoins se financiaban con donaciones privadas y no con dinero público.
El acuerdo a nivel técnico abarca la segunda y tercera revisiones combinadas de un programa de préstamo de 40 meses. Aún requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, así como la finalización de las medidas previas acordadas.
La cuestión del bitcoin ha sido el elemento más seguido del acuerdo desde que el presidente Nayib Bukele suscribió la línea de crédito de 1,400 millones de dólares.
El plan del FMI exigía que El Salvador redujera el experimento con la criptomoneda, que lo convirtió en un favorito de la industria de las criptomonedas y en una curiosidad en las finanzas mundiales.
"En adelante, no se prevé una acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas", señaló el FMI en el comunicado este jueves.
Por otra parte, el FMI se mostró optimista respecto a la economía del país, estancada durante años.
"La economía salvadoreña continúa mostrando un sólido desempeño", señaló el fondo, haciendo referencia a un crecimiento que superó las previsiones el año pasado y que se proyecta en un 4.5% para 2026.
Esto se lograría gracias a la inversión, el gasto de los consumidores, las remesas, el turismo y los flujos de capital, indicó.
El FMI atribuyó esto a la mejora en la seguridad y a una mayor confianza de los inversionistas. Señaló que el programa estaba contribuyendo a una reducción significativa de la pobreza.
Alrededor del 30% de los salvadoreños vive en la pobreza, y el país ha registrado las tasas de crecimiento más bajas de Centroamérica.
Las medidas de austeridad asociadas al programa del FMI han afectado duramente a los empleados públicos.
Economistas estiman que, desde 2024, se han despedido alrededor de 15,000 trabajadores del sector público en este país de 6 millones de habitantes, mientras que los sindicatos calculan que se han perdido 47,000 empleos desde que Bukele asumió el cargo en 2019.