Dos lecciones para México del proceso electoral en Brasil

La segunda vuelta presidencial en Brasil ha ocurrido en un contexto de una encarnizada batalla entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, que ocurre en el frente digital y judicial, pero también en el del presupuesto público. Esto último es particularmente relevante porque hemos visto actos francamente desesperados por parte del presidente Lula para abrir la cartera, que no es de él, y prometer incrementos no menores a los apoyos económicos que otorga el actual gobierno brasileño.

De acuerdo con analistas brasileños, esos incrementos en los apoyos que el gobierno de Lula entrega a la población se traducirán en un incremento en el nivel de endeudamiento de Brasil, medido como proporción del PIB, de 1.2 puntos porcentuales, lo que se agregaría a los 11 puntos en que se ha incrementado el tamaño de la deuda durante la actual gestión de Lula. Esa es la resaca que heredará a su población el penúltimo gobierno progresista de la región.

Por otra parte, la encarnizada batalla se ha visto con mayor claridad en el ecosistema digital, en el que a lo largo del actual proceso electoral se han desplegado múltiples estrategias de comunicación, fuertemente apoyadas en los nuevos recursos que permite la IA. Por ejemplo, en estos días, la campaña de Lula ha estado acusando a Meta de operar sus sistemas de recomendación, sus filtros de anuncios y su herramienta de inteligencia artificial en beneficio de Bolsonaro, y ha comunicado que solicitará la anulación de la candidatura de su rival.

En su defensa, Meta ha argumentado que no tiene ninguna medida que introduzca un sesgo contra Lula, que lo que ha ocurrido ha tenido que ver, en todo caso, con fallas técnicas globales, medidas antifraude y de cumplimiento regulatorio. Sin embargo, mensajes internos de esta plataforma reconocen que la cuenta de Lula estuvo "limitada" frente a la de Bolsonaro casi 24 horas sin poder pagar la promoción de sus publicaciones en Instagram, mientras el perfil y el canal de WhatsApp de Bolsonaro aparecían recomendados en búsquedas, algo que las reglas brasileñas prohíben.

Más que dirimir quién tiene la razón, lo relevante es dimensionar el problema. Brasil tiene una de las regulaciones más estrictas del mundo. Entre otras, prohíbe la recomendación algorítmica de cuentas de candidatos, reserva la promoción pagada a partidos y candidatos y obliga a suspender la generación de imágenes de candidatos con IA. Además, su tribunal electoral tiene dientes, con multas diarias, plazos de 24 horas y la amenaza de anular candidaturas. Aun así, las autoridades se enfrentan a un cúmulo de acusaciones y filtraciones de ambos lados.

Lo que ocurre en Brasil simplemente nos ilustra lo complejo que se ha tornado poder regular la comunicación política en un contexto de proceso electoral y que aun cuando en ese país se ha venido construyendo un ambicioso andamiaje legal para enfrentar los desafíos que imponen las plataformas digitales y el uso que se les da a estas para desplegar estrategias de comunicación, resulta sumamente complicado poder meter al orden a todos los actores.

Lo anterior es especialmente importante porque México no ha sido capaz de construir o evolucionar su marco legal para mejorar la eficacia de la autoridad electoral frente a los desafíos que imponen las plataformas digitales y el uso cada vez más intensivo de los recursos que brinda la IA.

Para la elección intermedia de 2027 ya no hay nada que hacer. Al Congreso de la Unión se le escaparon los tiempos sin darse cuenta. El INE ya declaró formalmente iniciado el proceso electoral y entró en este proceso como una autoridad con pocas herramientas para poder actuar ágilmente y con el nivel de conocimiento que lo está haciendo en estos días la autoridad electoral brasileña, que aún con la fortaleza que encuentra en el marco legal, se ha topado con problemas que han exigido la adopción de resoluciones a un ritmo vertiginoso.

Los dos temas que he comentado en esta colaboración nos dejan dos grandes lecciones que no podemos dejar sin atender de cara al proceso electoral de 2027, pero sobre todo el del 2030: 1) México no puede darse el lujo de verse sometido a un gobierno que, en su desesperación por evitar perder las elecciones, se olvide de la importancia de entregar finanzas públicas sanas; y 2) debemos poner más atención a lo que hace el INE, pero también a lo que la ley hoy no le permite.