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Un proyecto de ley radicado ante el Congreso de la República busca reducir las desigualdades en la disponibilidad de profesionales de la salud en Colombia. La propuesta, denominada proyecto de ley de Talento Humano en Salud en los Territorios, pretende fortalecer la presencia de médicos, enfermeros y otros trabajadores del sector en departamentos y municipios que enfrentan dificultades para garantizar la atención de sus habitantes.
La iniciativa se construyó con la participación de la Universidad Nacional, cuyas facultades de medicina, enfermería y odontología aportaron elementos técnicos y académicos para construirlo y ponerlo a andar. El proyecto parte de un diagnóstico sobre la concentración del personal médico en las principales ciudades y las dificultades que experimentan las regiones apartadas para atraer y mantener profesionales.
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Según las cifras presentadas en la iniciativa, Colombia registra 25,35 profesionales de medicina y 15,41 de enfermería por cada 10.000 habitantes, indicadores que evidencian las dificultades de cobertura frente a las necesidades nacionales. Lo anterior debido a que la meta recomendada por la organización Mundial de la Salud (OMS) es de 44,5. El diagnóstico advierte que 28 de los 32 departamentos presentan déficit de personal.
Las diferencias territoriales que expone el proyecto son significativas: mientras Bogotá alcanza una densidad combinada de 73,02 profesionales de medicina y enfermería por cada 10.000 habitantes, departamentos como Vichada, Chocó, Guainía y Vaupés no superan los 15. Además, cinco entidades territoriales concentran más de la mitad del talento humano en salud disponible en Colombia.
Uno de los problemas que busca atender la propuesta es la escasez de espacios donde los estudiantes puedan realizar prácticas clínicas y completar su formación. Actualmente, el 47,6 % de los campos de práctica se concentra en cuatro entidades territoriales, mientras que 11 departamentos no cuentan con programas de medicina.
A esta situación se suma que 953 municipios dependen exclusivamente de Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y hospitales públicos para prestar servicios de salud. La limitada disponibilidad de lugares de práctica, advierte la propuesta legislativa, dificulta que las universidades amplíen sus cupos de formación en las zonas que necesitan más personal.
La vicerrectora de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional, Lorena Chaparro, destacó que la iniciativa busca conectar la inversión pública en educación con las necesidades reales de las comunidades. Según explicó, la institución ha facilitado escenarios de práctica en distintas regiones durante décadas y considera que la propuesta permitiría fortalecer ese trabajo.
Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina, Hernando Gaitán, señaló que la distribución territorial del talento humano en salud es un componente esencial para reducir las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios.
Tres pilares para reducir las brechas
El proyecto de ley contempla tres ejes principales: el primero es la creación de un Plan Nacional de Distribución Territorial Prioritaria, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, para orientar la asignación de profesionales hacia las zonas con mayores necesidades. La propuesta dará prioridad a territorios PDET, vinculados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, y a las ZOMAC, identificadas como las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado.
El segundo plantea incentivos para promover la permanencia del personal sanitario en estas regiones. Entre las medidas contempladas están la formalización laboral, salarios competitivos, becas para estudios de posgrado y mejores condiciones de vivienda, transporte y alimentación.
El tercero busca ampliar las oportunidades de formación mediante la priorización de instituciones públicas de educación superior y del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la asignación de nuevos escenarios de práctica y cupos de docencia–servicio en las redes pública y mixta, sin desconocer los convenios vigentes con universidades privadas.
El articulado —que tiene como ponentes a la senadora Jennifer Pedraza y a la representante a la Cámara Bleidy del Carmen Pérez— establece una ruta específica para la Universidad Nacional, sustentada en su régimen especial de autonomía, reconocido en el Decreto 1210 de 1993. El mecanismo busca facilitar la ampliación de sus escenarios de práctica de pregrado y posgrado en las regiones.
Tras su radicación, comenzará el trámite legislativo correspondiente, durante el cual el Congreso deberá estudiar y debatir las medidas propuestas.
Su eventual aprobación podría abrir nuevas herramientas para fortalecer la formación de profesionales y mejorar su distribución territorial. Sin embargo, los resultados dependerán del contenido definitivo de la ley, su financiación y la implementación de las medidas en los departamentos y municipios priorizados.
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