Lima, 7 sep (EFE).- El despliegue de militares en el exterior de tres de las cinco cárceles declaradas en emergencia en Perú - entre otras cosas- por hacinamiento es la primera de las medidas emprendidas por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para reformar el sistema penitenciario, señalado como una de las causas del auge de la criminalidad en el país andino.
Con más de 100.000 presos en un total de 69 cárceles que apenas tienen capacidad en conjunto para 40.000 reos, el Ejecutivo considera que los líderes de las bandas criminales siguen dirigiendo sus organizaciones desde la prisión y mantienen su esquema de extorsiones a negocios y empresas bajo amenazas de muerte en caso de que no paguen los cupos exigidos.
Entre las dos cárceles declaradas en emergencia hay dos en la capital Lima: Ancón I y Miguel Castro Castro, una de las de mayor hacinamiento del país, donde los militares comenzaron a custodiar su perímetro desde el domingo y se mantenían en sus posiciones este lunes, según pudo comprobar EFE.
El Ejército también se desplegó en la cárcel de la ciudad de Trujillo, a 560 kilómetros al norte de Lima, uno de los epicentros de la actividad criminal del país vinculada a la minería ilegal, donde hace una semana se registró el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes que derivó en la captura del líder de la banda Los Pulpos, Johnsson Cruz Torres.
También, figuran dentro de la declaratoria de emergencia las cárceles de Cochamarca, situada en la andina región de Pasco; y la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, reservada para los presos de mayor peligrosidad y que presenta las condiciones más duras, al situarse en el altiplano peruano, a 4.600 metros de altitud, en la sureña región de Tacna.
El Gobierno de Fujimori planea hacer fuertes reformas en el sistema penitenciario, conforme ha anticipado en la solicitud de facultades legislativas presentada al Parlamento para emitir normas durante 120 días en diversas materias, entre ellas la seguridad y la lucha al crimen organizado.
Una de las propuestas estrella de la campaña electoral de Fujimori era poner a trabajar a los presos y condicionar la entrega de comida al trabajo realizado, además de dar más protagonismo a las Fuerzas Armadas en el control del orden público.
Muestra de ello es que ha designado como ministro del Interior al general del Ejército César Astudillo, y al frente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), el organismo estatal encargado de la administración y custodia de las cárceles, ha puesto al coronel de la Fuerza Aérea Abraham Lescano, especializado en inteligencia estratégica.
El Inpe informó que, entre el 22 y 26 de agosto, la Contraloría de la República (Tribunal de Cuentas) realizó inspecciones en una serie de cárceles, entre ellas Ancón I, donde encontró escáneres ausentes o averiados para controlar el ingreso de personas y paquetes.
También, advirtió fallas o limitaciones en el sistema de videovigilancia, así como en los dispositivos de vigilancia del perímetro carcelario, además de encontrar en mal estado de conservación los elementos de seguridad física y deficiencias en el equipamiento de los torreones y del sistema de alumbrado.
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