México cuenta con potencial para generar innovación que pueda después convertirse en capacidades productivas. Tenemos manufactura de exportación en sectores complejos, universidades y centros de investigación sólidos en las ciencias y en los negocios. Tenemos las bases productivas y de investigación para crear tecnología, absorberla y generar valor con ella.
También contamos con un sistema de protección industrial sólido que ha sido reconocido a nivel global. El próximo lunes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) anunciará que el IMPI fungirá como Oficina de Búsqueda y Examen Preliminar Internacional, con lo que México adquiere un mayor peso dentro del sistema internacional de patentes.
El reto ya no es solamente registrar un mayor número de patentes, sino lograr que las invenciones se conviertan en productos, procesos y servicios para elevar la productividad y generar valor. Ahora tenemos invenciones que no alcanzan un nivel suficiente de madurez tecnológica o no encuentran socios dispuestos a invertir en su desarrollo y llevarlos al mercado.
Se requiere construir mejores canales de coordinación entre quienes generan conocimiento y quienes pueden financiar, desarrollar y llevar al mercado. El sector privado no ve en las universidades y centros de investigación a un posible proveedor de soluciones a sus desafíos tecnológicos. En general, faltan intermediarios especializados: oficinas de transferencia, fondos para maduración de tecnologías, mecanismos de coinversión y espacios de colaboración permanente entre investigadores y empresas. Esta desconexión provoca que el conocimiento exista, pero no siempre responda a problemas concretos de sectores productivos estratégicos.
En general, no contamos con un sistema financiero dispuesto a desarrollar fondos de riesgo para financiar u ofrecer capital a los innovadores. Una patente debe dejar de verse únicamente como un título jurídico que ofrece protección y comenzar a tratarse como un activo económico que puede ser licenciado, valorizado e incorporado a cadenas productivas y a los libros de las empresas.
Para eso nos falta apoyar y desarrollar mejores metodologías para su valuación y mecanismos para utilizar los activos intangibles, relacionados con la propiedad intelectual, para financiar proyectos. Un estudio que presentará la OMPI documenta las brechas que impiden que se otorgue financiamiento basado en propiedad intelectual en México y emite recomendaciones para reducirlas. Empezar a documentar casos de éxito de empresas de base tecnológica, con proyectos gestados en universidades a demanda del sector privado, que obtengan financiamiento basado en el valor de derechos de propiedad intelectual, puede empezar a abrir una nueva conversación sobre el desarrollo industrial en México a partir de la innovación.
Para el crecimiento de la economía, es fundamental la agenda de innovación y transferencia de tecnología, para fortalecer proveedores nacionales, sustituir insumos, desarrollar soluciones propias y generar empleos de mayor calificación.