Ciudad de Guatemala, 28 ago (EFE).- El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos instó este viernes al Gobierno de Guatemala a adoptar medidas urgentes para frenar la persecución judicial contra defensores de derechos humanos y detener la influencia indebida del sector privado en las instituciones del Estado.
Al término de su visita oficial al país centroamericano, realizada del 19 al 28 de agosto, las expertas independientes de Naciones Unidas advirtieron sobre los vacíos en la rendición de cuentas por abusos ambientales y territoriales ligados a operaciones empresariales en territorios indígenas.
Las expertas del organismo internacional señalaron en una conferencia de prensa su especial preocupación por el deterioro del sistema de justicia guatemalteco y el uso del aparato legal para amedrentar a líderes comunitarios y periodistas que denuncian proyectos extractivos o agroindustriales.
"El uso del sistema judicial como un arma para atacar a las personas defensoras de los derechos humanos y silenciar la disidencia es motivo de profunda preocupación", declaró la experta Fernanda Hopenhaym durante la presentación de sus conclusiones preliminares en la capital guatemalteca.
Por su parte, la especialista Lyra Jakuleviciene alertó sobre la injerencia de actores corporativos en las instituciones públicas.
"Hemos recibido denuncias sistemáticas de una amplia gama de partes interesadas sobre la influencia indebida del sector privado en los procesos legislativos, administrativos y judiciales", subrayó.
Las delegadas destacaron que los pueblos indígenas enfrentan despojos de tierras, desalojos violentos con participación no autorizada de seguridad privada e incumplimiento sistemático del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, que consagra la consulta previa, libre e informada.
Guatemala, un país donde más del 40 % de la población pertenece a pueblos originarios, atraviesa años de tensiones por la instalación de hidroeléctricas, mineras y monocultivos sin el consentimiento de las comunidades locales.
Aunque la misión valoró avances como la reciente apertura de mesas de diálogo gubernamentales y la adopción de una política de protección de defensores, reiteró que la filantropía corporativa no sustituye la responsabilidad legal de respetar las garantías fundamentales.
El informe final de la visita técnica será presentado formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2027.
(c) Agencia EFE