La situación política de Tartagal vuelve a quedar en el centro de la escena provincial. Mientras crecen los reclamos por diferentes problemas que afectan a los vecinos, nuevos cuestionamientos apuntan al intendente Franco Hernández Berni, esta vez por sus reiterados viajes al exterior y la falta de información pública sobre sus ausencias.
La concejal de la UCR Margarita “Marga” Rauch fue contundente al describir el escenario que atraviesa la ciudad: “Tartagal está prendida fuego”.
La edil cuestionó que los vecinos no sean informados con claridad cuando el jefe comunal se encuentra fuera de la ciudad y reclamó mayor transparencia respecto de sus ausencias.
Según explicó Rauch, su interpretación de la Carta Orgánica Municipal permite que el intendente pueda ausentarse durante un período de hasta diez días sin ser reemplazado por el presidente del Concejo Deliberante.
Sin embargo, consideró que, más allá de lo estrictamente legal, existe una responsabilidad institucional de informar a la comunidad cuándo el máximo responsable del Ejecutivo municipal se encuentra fuera de Tartagal.
Otro de los cuestionamientos de Rauch estuvo dirigido a la comunicación del intendente a través de las redes sociales.
La concejal planteó que determinar si Hernández Berni se encuentra efectivamente en Tartagal puede convertirse en una tarea difícil debido a la utilización de publicaciones anteriores en sus cuentas.
“Es muy gracioso porque recurre a publicaciones viejas para determinar si está o no está. Entonces es jugar a hacerle la guardia para ver si realmente se encuentra o no en la ciudad”, ironizó.
Consultada sobre si Tartagal tendría por momentos una suerte de intendente “virtual”, respondió: “Tendríamos un Franco Hernández Berni virtual, si se quiere”.
En medio de la controversia, el periódico Cuarto Poder publicó una investigación titulada “Escándalo en Tartagal: Berni Tours”, en la que asegura haber accedido a información de la Dirección Nacional de Migraciones sobre movimientos internacionales de Hernández Berni.
La publicación exhibe planillas con registros de ingresos y egresos del país y pone especial atención sobre la frecuencia de los movimientos hacia Bolivia.
Entre las localidades y regiones bolivianas que aparecen mencionadas en la información publicada figuran La Paz y Beni, además de otros destinos registrados a lo largo del historial migratorio atribuido al dirigente.
La problemática del narcotráfico en Bolivia y particularmente la producción de hoja de coca es seguida desde hace años por organismos internacionales.
El Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó unas 34.000 hectáreas de cultivos de coca en Bolivia.
Un dato especialmente significativo es que el 57% de toda la superficie cultivada con coca registrada en el país se concentró en la región de los Yungas de La Paz, mientras que otro 1% correspondió al norte del mismo departamento. La región de los Yungas pasó de 18.439 hectáreas en 2023 a 19.230 en 2024.
La propia UNODC diferencia, además, la producción legal y tradicional de hoja de coca de aquella que potencialmente puede desviarse hacia circuitos ilícitos. Por eso, la existencia de cultivos de coca tampoco puede ser equiparada automáticamente con narcotráfico.
En cuanto a Beni, su ubicación amazónica y las rutas que atraviesan esa región han formado parte históricamente de las preocupaciones vinculadas al tráfico ilegal de drogas en Bolivia. Sin embargo, cualquier afirmación concreta sobre laboratorios, pistas clandestinas o redes criminales requiere documentación específica y no puede trasladarse automáticamente a una persona por el solo hecho de haber viajado a esa región.
Es precisamente en este contexto donde vuelve a adquirir relevancia una denuncia política realizada meses atrás por el diputado provincial por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco.
Desde su banca en la Cámara de Diputados de Salta, Orozco lanzó fuertes acusaciones sobre presuntos vínculos entre sectores de la política y el narcotráfico y reclamó que se investigara a dirigentes e intendentes del norte provincial.
En aquellas intervenciones, el legislador mencionó directamente a Franco Hernández Berni y planteó interrogantes sobre el origen de los recursos utilizados para financiar su campaña política, reclamando que la Justicia y los organismos correspondientes investigaran la situación.
Las declaraciones de Orozco fueron realizadas meses antes de que tomaran estado público estos nuevos cuestionamientos sobre los viajes y ausencias del intendente.
Por eso, la aparición de registros migratorios con numerosos movimientos internacionales vuelve a generar interrogantes políticos. Pero existe una diferencia fundamental: hasta el momento, no hay elementos públicos que permitan afirmar que los viajes de Hernández Berni a Bolivia tengan relación con actividades vinculadas al narcotráfico.
Los registros de Migraciones prueban, en todo caso, movimientos fronterizos. Establecer motivos, actividades realizadas durante esos viajes o cualquier eventual conducta ilícita requiere otro tipo de evidencia y, eventualmente, una investigación judicial.
Mientras la controversia por los viajes crece, para Margarita Rauch el problema inmediato está dentro de Tartagal.
La concejal enumeró una serie de situaciones que generan preocupación entre los vecinos: problemas con el abastecimiento de agua, falta de transporte público, dificultades de cooperativistas para conseguir trabajo y conflictos relacionados con tierras, entre otros reclamos.
“Tartagal está prendida fuego”, resumió.
El cuestionamiento apunta a la responsabilidad de la administración municipal frente a una ciudad que, según describe la edil, acumula problemas mientras aumentan los interrogantes sobre las ausencias de su intendente.
La discusión comienza entonces a trascender la cantidad de viajes realizados por Hernández Berni.
Ahora habrá que determinar cuántas de esas salidas se produjeron durante su mandato, cuánto tiempo permaneció fuera del país en cada oportunidad, si las ausencias fueron debidamente comunicadas y si se cumplieron los mecanismos establecidos por la Carta Orgánica Municipal.
Y, en otro plano completamente diferente, las denuncias realizadas meses atrás por Gustavo Orozco continúan esperando las respuestas que solamente una investigación de los organismos competentes podría proporcionar.
Por ahora, los viajes son viajes y las denuncias son denuncias. Pero la sucesión de cuestionamientos vuelve a colocar al intendente de Tartagal bajo la lupa y aumenta la demanda pública de explicaciones y transparencia.
