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La oposición de Venezuela emprendió un nuevo intento por llegar a las puertas del Palacio de Miraflores para exigir a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un aumento salarial y la liberación total de los presos por motivos políticos.
Los grupos sindicalistas comenzaron su recorrido este martes 13 de octubre a las 9:00, hora local, en la esquina Corazón de Jesús, ubicada en las inmediaciones del Ipasme La Hoyada, en el centro de Caracas, con destino a la sede del Ejecutivo.
En ese mismo lugar, fijó su llegada la marcha de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, que alentó a protestar por la liberación de quienes permanecen tras las rejas, entre ellos varios militares, pese a la ley de amnistía impulsada por el Ejecutivo de Rodríguez.
En defensa del oficialismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) también llamó a la calle a sus simpatizantes para la "Gran Marcha Trabajadores por la Paz", a la que asistió Diosdado Cabello, el ministro de Interiores, Justicia y Paz.
El punto de encuentro se situó en la plaza La Candelaria a las 10:00 con destino hacia la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo y liderada por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada.
El coordinador de la Red Sindical Venezolana y Monitor Salud, Mauro Zambrano, acusó al oficialismo de convocar "una contramarcha" para restar importancia a la movilización de los asalariados. El sindicalista amenazó con un paro activo en "todos los centros de salud nacional" si el Gobierno no atiende las exigencias relacionadas con salarios.
Las convocatorias han alterado el tránsito en avenidas como Urdaneta, Universidad y Fuerzas Armadas hacia Altagracia.
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Bajo consignas como "salarios dignos ya" o "no estamos desfilando, estamos protestando", los sindicatos laborales se encaminaron hacia Miraflores con la intención de entregar al Gobierno un documento avalado por 50.000 firmas con las reivindicaciones solicitadas, entre ellas un aumento salarial y mejores prestaciones para los jubilados.
Los acompañaron gremios del sector de la salud, de la educación y estudiantes. "Esta vez tenemos una diferencia: estamos frente a un Gobierno tutelado por Estados Unidos", señaló Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, en alusión a la sinergia que pregonan los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez.
Los manifestantes denunciaron que escuadrones de la fuerza pública les bloquearon el paso a la altura de la avenida Urdaneta para impedir su llegada a la sede del Ejecutivo. Algunos ciudadanos se encararon con los uniformados. Al final, una comisión reducida de líderes sindicales logró acceder al despacho de la Presidencia para entregar las peticiones.
Las demandas incluyen el pago inmediato del bono de responsabilidad profesional para todo el personal técnico y obrero, tanto activo como jubilado, de los sectores de salud y educación, así como la discusión de tablas salariales en conjunto con organizaciones sindicales.
El salario mínimo en Venezuela se mantiene estancado en 130 bolívares mensuales (menos de un dólar) desde marzo de 2022, mientras que una familia de cinco personas necesita 755,36 dólares solo para gastos en alimentación, según cálculos difundidos en septiembre por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros.
El Gobierno ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela. No obstante, estas bonificaciones no repercuten en beneficios laborales.
Los gremios de trabajadores que marchan este martes también piden un rescate de sus pagos extras de fin de año, tasados con base en un salario devaluado. "Simplemente queremos aguinaldos dignos", resumió Mauro Zambrano, uno de los dirigentes sindicales que entregaron el documento en Miraflores.
Las consignas también evidenciaron malestar por la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), la institución controlada por rectores afines al chavismo que proclamaron a Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales de 2024 en medio de denuncias de fraude. "No tengo miedo, me lo quité, yo lo que quiero es un nuevo CNE", coreaba la multitud.
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La protesta de los sindicatos se extendió al fundirse con una concentración de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos. Venezuela aún registra 322 detenidos por motivos políticos, entre ellos 140 militares y 31 extranjeros o con doble nacionalidad, según un informe del 9 de octubre de Foro Penal, una ONG de referencia dedicada a la defensa de estos reos.
El Gobierno niega que en el país haya presos políticos al asegurar que los identificados como tal fueron detenidos por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.
Trabajadores sindicalistas, profesores universitarios y otros participan en una protesta en apoyo a una ley de amnistía para liberar a presos políticos, en demanda de diálogo nacional y derechos laborales, más de un mes después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump capturara y depusiera al líder Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 10 de febrero de 2026.
El Ejecutivo de Rodríguez implementó una ley de amnistía tras la caída del líder chavista Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos a inicios de 2026. La medida se dio por terminada a finales de abril, con cientos de detenidos aún tras las rejas. Las autoridades venezolanas estimaron en 8.600 los beneficiados, incluidos más de 300 que estaban privados de libertad.
Human Rights Watch determinó en un informe de mayo de 2026 que "la ley contiene limitaciones que vacían de contenido su propio objetivo... y que excluyen a muchas personas que han sido detenidas arbitrariamente".
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Con EFE y medios locales