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La pena de muerte vuelve a estar en el centro del debate internacional. En Estados Unidos, la posibilidad de transmitir en vivo una ejecución militar y el caso de una mujer que sobrevivió a una inyección letal han generado cuestionamientos sobre los métodos utilizados para aplicar este castigo y sus implicaciones para los derechos humanos.
La discusión coincide con el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora cada 10 de octubre y busca impulsar su abolición definitiva, en un contexto en el que la mayoría de los países ya la han eliminado de sus leyes o han dejado de aplicarla.
En México, aunque la pena capital está prohibida por la Constitución desde hace más de dos décadas, su posible reinstauración ha aparecido en distintas propuestas políticas, particularmente como respuesta a delitos graves como el secuestro, el feminicidio y el homicidio.
La conmemoración fue impulsada en 2003 por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, una organización internacional que reúne a asociaciones civiles, instituciones, profesionales del derecho y activistas que promueven la eliminación de este castigo.
Su objetivo es sensibilizar a la población sobre las consecuencias de las ejecuciones, denunciar posibles violaciones a los derechos humanos y promover cambios legales en los países que todavía contemplan la pena capital.
Entre los principales argumentos de las organizaciones abolicionistas se encuentran el carácter irreversible de la pena de muerte, el riesgo de ejecutar a personas condenadas injustamente y las desigualdades que pueden influir en su aplicación.
Aunque la abolición ha avanzado en distintas regiones, miles de personas permanecen condenadas a muerte y varios gobiernos continúan realizando ejecuciones.
Uno de los casos que ha provocado mayor controversia esta semana es el de Nidal Hasan, un expsiquiatra del Ejército estadounidense condenado por asesinar a 13 personas, entre ellas 12 militares, durante un tiroteo ocurrido en noviembre de 2009 en la base de Fort Hood, Texas.
Hasan, de 56 años, fue condenado a muerte en 2013 y su ejecución por fusilamiento está programada para el próximo 3 de diciembre de 2026.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció que la ejecución sería transmitida en directo para que el público pudiera presenciarla, una decisión que provocó críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, representantes religiosos y legisladores de ambos partidos.
El presidente Donald Trump, quien autorizó la ejecución, dejó inicialmente en suspenso la decisión sobre su transmisión, mientras que el vicepresidente JD Vance expresó dudas sobre la conveniencia de hacerla pública.
De concretarse, sería la primera ejecución realizada por las fuerzas armadas estadounidenses desde 1961 y el primer fusilamiento militar desde la Segunda Guerra Mundial.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que transmitir una ejecución equivaldría a realizarla públicamente y constituiría una forma de trato cruel, inhumano o degradante, contraria a las normas internacionales que prohíben la tortura.
Amnistía Internacional también cuestionó la iniciativa al considerar que convertir una ejecución ordenada por el Estado en un espectáculo público agrava la crueldad de la pena capital.
Foto de 2012 de Nidal Hasan, acusado de matar a 13 personas y herir a 31 en un tiroteo ocurrido en noviembre de 2009 en Fort HoodFoto: Reuters