Ciudad de México, 26 ago (EFE).- Una jueza mexicana aplazó para este jueves la decisión sobre si el exmilitar Fernando Farías Laguna será vinculado al proceso por delincuencia organizada con fines de contrabando de combustibles, después de una audiencia de más de nueve horas en México.
En la audiencia, la defensa del contraalmirante presentó este miércoles peritajes, testimonios y actos de investigación para confrontar la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega decretó citó a las partes a las 08:00 hora local (14:00 GMT) del jueves en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el central Estado de México, donde dará a conocer si existen elementos para procesar a Farías Laguna.
Al salir, el abogado de Farías, Epigmenio Mendieta, sostuvo que los elementos probatorios no acreditan que Farías sea integrante ni líder de una organización criminal como lo atribuye la Fiscalía.
También aseguró que Farías ha presentado episodios de hipertensión por falta de medicamentos y alimentación inadecuada en prisión.
Farías permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano con prisión preventiva oficiosa desde su llegada a México la semana pasada, tras ser expulsado de Argentina, donde había sido detenido en abril por haber ingresado a aquél país con documentos falsos.
La FGR lo señala, junto con su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, como parte de una estructura vinculada al llamado 'huachicol fiscal', esquema mediante el cual combustible era introducido al país bajo clasificaciones distintas para evadir el pago de impuestos.
Mientras se desarrollaba la audiencia, Mónica Gámez Grijalva, esposa de Farías, denunció que fue seguida en un automóvil por desconocidos en Hermosillo, en el norteño estado de Sonora, y pidió protección al gobernador de ese estado, Alfonso Durazo.
Este mismo día se dio a conocer que la Secretaría de Marina (Semar) dio de baja definitiva a Farías Laguna del servicio activo de la Armada de México, desde el 16 de abril de 2026, con lo que perdió el grado de contralmirante y las prerrogativas asociadas a su condición militar, incluido el derecho a portar el uniforme naval.
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