Por Héctor Guzmán
ALAJUELA, Costa Rica, 26 ago (Reuters) - La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha colocado la seguridad como una de las prioridades de su gobierno, que avanza en la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada parcialmente en las políticas penitenciarias impulsadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Las obras del complejo penitenciario en la provincia de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de San José, muestran celdas, pasillos, áreas sanitarias y sistemas de seguridad aún en construcción, según imágenes difundidas por el Ministerio de Justicia en julio. El proyecto busca alojar a reclusos considerados de alta peligrosidad y cortar presuntas operaciones criminales dirigidas desde las cárceles.
Fernández, quien defendió la iniciativa desde la campaña electoral, afirmó tras ganar las elecciones que Costa Rica no debía seguir brindando "techo, comida y protección" a delincuentes que continúan operando bandas desde prisión. La mandataria añadió entonces que había conversado con Bukele, quien reiteró su disposición a colaborar con Costa Rica en materia de seguridad y en el desarrollo del proyecto penitenciario.
Durante el inicio de las obras en enero, al que asistió Bukele, el mandatario salvadoreño sostuvo que Costa Rica tenía la oportunidad de enfrentar el problema antes de que alcanzara niveles como los observados en El Salvador años atrás. Fernández reiteró el 19 de agosto, al cumplir 100 días de gobierno, que la seguridad nacional continúa siendo la principal preocupación de los costarricenses y que su administración ha dado máxima prioridad al tema.
La cárcel, cuya construcción está al 89%, tendrá capacidad para 5.000 internos, el 25% de la población carcelaria de Costa Rica.
Sin embargo, la estrategia ha generado críticas de especialistas en derechos humanos. El analista Marco Feoli afirmó que la política está inspirada en la "espectacularidad" del modelo salvadoreño y argumentó que Costa Rica enfrenta una realidad distinta, sin la fuerte presencia de las peligrosas Maras. También cuestionó la exposición pública de algunos detenidos durante operativos recientes, al considerar que esas prácticas pueden resultar humillantes y carecer de un propósito legítimo de seguridad.
Entre la ciudadanía, las opiniones están divididas. Algunos residentes consultados por Reuters respaldaron las medidas más estrictas contra el crimen, argumentando que la delincuencia ha afectado la tranquilidad del país, mientras que otros expresaron dudas sobre la eficacia de una política centrada en endurecer el sistema penitenciario para reducir la criminalidad.
(Reporte de Héctor Guzmán en Alajuela, Costa Rica, y Diego Oré en Ciudad de México; Reporte adicional de Álvaro Murillo en San José y Dessiré Carrión en Ciudad de México)