El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta misma semana operativos para identificar y deportar a migrantes en situación irregular, en una de sus primeras medidas sobre política migratoria desde que llegó al poder, el pasado 7 de agosto.
La disposición comenzará en la caribeña ciudad de Barranquilla, donde Migración Colombia deberá trabajar de manera coordinada con la Policía para localizar, en primer lugar, a extranjeros que cometan delitos y, posteriormente, a quienes no tengan regularizada su situación migratoria.
"En el término de la distancia tendrán que ser deportados. ¡Deportados! Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana", afirmó De la Espriella durante un consejo de seguridad.
El mandatario aseguró que la nacionalidad de los extranjeros no será un factor a tener en cuenta a la hora de aplicar la medida.
No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos
De la Espriella presentó la medida como una determinación de su Gobierno y asumió la responsabilidad por el giro que supone.
"Es una decisión política y yo la asumo. Es una decisión administrativa y yo la asumo", afirmó.
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El anuncio se presenta como una de las primeras señales sobre la línea que pretende adoptar el nuevo Gobierno colombiano frente a la migración irregular y marca una diferencia con la política que durante años mantuvo buena parte de la derecha del país ante la llegada masiva de venezolanos.
Tradicionalmente, los sectores conservadores colombianos promovieron políticas de acogida para quienes abandonaban Venezuela, al tiempo que utilizaron la crisis migratoria como parte de su discurso contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Migrantes venezolanos que regresan de Estados Unidos hacen cola para embarcar hacia la frontera con Colombia, en Guna Yala, Panamá, 21 de febrero de 2025.
Según Migración Colombia, a enero de 2026 había 2.841.048 ciudadanos venezolanos en el país. El 82% se encontraba en situación migratoria regular, lo que deja a alrededor de medio millón fuera de esa condición.
Un informe de la entidad con datos de agosto de 2025 había contabilizado 484.658 venezolanos en situación irregular, equivalentes al 17% del total registrado entonces.
La regularización fue uno de los pilares de la política colombiana frente al éxodo venezolano. Desde la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos se han entregado más de 2,3 millones de Permisos por Protección Temporal (PPT), según informó Migración Colombia en julio de 2026.
En Colombia, desde la frontera, los migrantes venezolanos no contemplan el regreso.
Tras décadas de conflicto armado, violencia y dificultades económicas, millones de colombianos emigraron hacia Estados Unidos, España y otros países. La crisis venezolana revirtió parcialmente esa dinámica con la llegada de millones de personas desde la nación vecina.
La orden de De la Espriella, sin embargo, no alcanza únicamente a extranjeros involucrados en delitos: el presidente estableció expresamente como segundo objetivo de los operativos a quienes permanezcan en Colombia sin haber regularizado su situación migratoria.
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Los operativos anunciados en Barranquilla forman parte de un paquete más amplio de medidas con las que De la Espriella busca endurecer la respuesta del Estado frente a la delincuencia y los grupos armados.
Durante el mismo consejo de seguridad, el presidente ordenó activar un sistema de recompensas y redadas, reforzar la red de cooperantes y realizar traslados de presos para impedir que las cárceles sean utilizadas como centros de operaciones para extorsiones.
El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su posesión en Cali (Colombia), el 7 de agosto de 2026.
También planteó eliminar las diferencias en el tratamiento estatal de las distintas organizaciones criminales y considerar terroristas a todos los grupos armados ilegales, independientemente de su denominación.
"Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado", afirmó.
Con EFE, AFP y medios locales