Parte de la desconfianza que se refleja en la baja inversión privada tiene que ver con la manera en que el Gobierno federal se ha apoderado, a lo largo de estos últimos ocho años, de todos los hilos del poder: la destrucción de las autonomías, el control del Poder Judicial, la censura y sus intentos de ampliarla, la impunidad… en fin. Por eso, el episodio de este fin de semana en torno al regreso al poder del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se convirtió en algo preocupante, porque lleva a preguntarse: ¿quién manda realmente en el país.
Después de Sinaloa, la pregunta no es provocadora, sino urgente. Es insultante lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a quién realmente detenta el poder en México, pero el episodio de Rocha Moya abona a pensar que el crimen organizado y la impunidad marcan la agenda y gobiernan regiones enteras del territorio nacional.
El mensaje de los últimos días ha sido devastadoramente contradictorio, ya que no solo la Fiscalía General de la República (FGR) se apresuró a exonerar públicamente al gobernador de Sinaloa –hoy con licencia indefinida–, sino que hasta Claudia Sheinbaum hizo lo mismo desde la tribuna presidencial. El regreso y salida de Rocha Moya del poder estatal en unas cuantas horas solo dejan ver debilidad política e institucional, independientemente de la historia que se pueda relatar del episodio.
Pero no es lo mismo proteger la negligencia y la corrupción en el ámbito interno, que tentar la reacción de los mercados o del gobierno de Estados Unidos ante afrentas de tal dimensión, como pretender reinsertar a un presunto delincuente con orden de aprehensión en el primer círculo político.
Esta tragicomedia política formaliza un "Riesgo Sinaloa" que se suma al ya complejo "Riesgo México". Hoy se refresca en la memoria algo que la FGR no quiere ver: Rocha Moya estuvo involucrado de diferentes maneras en los hechos violentos ocurridos en Culiacán del 25 de julio del 2024, que culminaron con el asesinato del empresario y político Héctor Melesio Cuén y el secuestro del narcotraficante Ismael "el Mayo" Zambada. Y Rocha Moya estuvo vinculado con una elección controlada por el narcotráfico en el 2021 que la autoridad mexicana no ve, pero que la estadounidense sí la persigue.
La ineptitud de muchos gobiernos estatales o, probadamente, del de la Ciudad de México es una constante y parece que "no pasa nada". El problema de Rocha Moya y otros nueve políticos sinaloenses es que el caso de las elecciones influidas por el crimen organizado traspasó la frontera, y no hacia "una oficina aislada".
La realidad es que esta acusación está radicada formalmente ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, con el respaldo de un indictamen procesal emitido por un gran jurado tras las investigaciones del Departamento de Justicia y de la DEA. Y no es una multa de tránsito: son cargos penales que conllevan penas de hasta cadena perpetua.
Cuando las instituciones del Estado mexicano quedan exhibidas como un aparato reactivo, dubitativo y sin control de sus propios liderazgos regionales, la narrativa exterior sobre quién ejerce el poder real en México deja de ser un ataque diplomático para convertirse en la sospecha generalizada de un Estado fallido.
El episodio de Rocha Moya abona a pensar que el crimen organizado y la impunidad marcan la agenda y gobiernan regiones enteras del territorio nacional.